Defensa del derecho de credito

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé para el procedimiento ordinario un plazo máximo concreto de suspensión, cuyo alcance supondría la nulidad de la parte del juicio celebrada, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado en donde se prevé un plazo de 30 días. Únicamente se refiere al tiempo de suspensión el artículo 749 de la LECrim, de modo que cuando la suspensión lo sea por las causas previstas en los puntos 4, 5 y 6 del artículo 746 de la LECrim, y haya de prolongarse indefinidamente la suspensión o por un tiempo demasiado largo, se dejará sin efecto la parte del juicio celebrada.

Seguidamente, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que las partes puedan exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto. La ausencia injustificada del acusado no será causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años.

Si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el trámite establecido en este capítulo, en la misma resolución ordenará que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, en el caso del apartado siguiente. Cumplido ese trámite, se darán traslado de las actuaciones a los acusados y terceros responsables, para que en plazo común de diez días presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas.

En todos estos casos sin perjudicar el derecho de defensa con acusaciones sorpresivas o que se aparten del contenido estricto del proceso (STS 1140/2005, de 3 de octubre). El procedimiento abreviado es un proceso penal usado en el Derecho español para la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, o con penas de otra naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757). Establece el indicado párrafo que si, en cualquier momento anterior -al Auto de finalización de las Diligencias Previas-, el investigado asistido de su Abogado hubiere reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fueran constitutivos de delito castigado con pena incluida dentro de los límites previstos en el artículo 801, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fin de que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del encausado. Seguidamente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto.

Por su parte, el juez también podrá acordar el sobreseimiento de la causa cuando considere que los hechos no son constitutivos de delito o cuando estime que no existen indicios de criminalidad contra el acusado, incluso aunque hayan solicitado la apertura del juicio oral el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Cuando el Juez de Instrucción decrete la apertura del juicio oral sólo a instancia del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, el secretario judicial dará nuevo traslado a quien hubiere solicitado el sobreseimiento por plazo de tres días para que formule escrito de acusación, salvo que hubiese renunciado a ello. En el procedimiento penal abreviado corresponde al Juez de Instrucción pronunciarse sobre la suerte del proceso una vez finalizada la fase de instrucción o, en su caso, una vez examinado el atestado y demás actuaciones remitidas por la policía judicial.

En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito. Si se inicia el procedimiento abreviado y después resulta que es otro el procedimiento que debe seguirse para juzgar los hechos (juicio de faltas, ordinario, de menores… etc.), el enjuiciamiento del delito continuará por el proceso penal que corresponda, sin que se anulen las actuaciones ni los resultados de las diligencias practicadas hasta el momento.

En el escrito de acusación se podrá solicitar la práctica anticipada de aquellas pruebas que no puedan llevarse a cabo durante las sesiones del juicio oral, así como la adopción, modificación o suspensión de las medidas a que se refieren los artículos 763, 764 y 765, o cualesquiera otras que resulten procedentes o se hubieren adoptado, así como la cancelación de las tomadas frente a personas contra las que no se dirija acusación. En el caso de que la Sentencia no fije la cuantía de la indemnización, cualquiera de las partes podrá solicitar que, en la Fase de Ejecución de la Sentencia, se practiquen aquellas pruebas que sean necesarias para que se determine. La sentencia que se dicta en el procedimiento abreviado es en base a los antecedentes de la investigación del Ministerio Público y la aceptación de hechos del imputado, por lo que se hace un relevo de la prueba, las que normalmente se desahogan en una audiencia de juicio oral.

Si el recurso de apelación se hubiere interpuesto subsidiariamente con el de reforma, si éste resulta total o parcialmente desestimatorio, antes de dar traslado a las demás partes personadas, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al recurrente por un plazo de cinco días para que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso, los documentos justificativos de sus peticiones.

Esta dinámica muchas veces provoca cierta decepción en los demandantes que acuden por primera vez a una vista y desconocen su mecánica. También se podrían destacar otros principios, como lo son, el principio de oportunidad, que se refiere a que el objeto del proceso penal es solucionar de la mejor forma el conflicto generado por la violación de la ley; el principio de igualdad procesal, donde todas las partes del proceso ofrecen sus pruebas en igualdad de condiciones en audiencia pública; y el de debido proceso legal, que parte de que las formalidades legales tienen como objeto proteger y garantizar el cumplimiento formal del juicio.

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